Es
el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de
esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma
moderna de esclavitud contra la voluntad y el
bienestar del ser humano.
La
mayoría de las víctimas provienen de estratos marginales y la explotación
sexual no es la primera forma de violencia que viven en carne propia. Es por
ello que distintas organizaciones proponen iniciativas para atacar el problema
de
raíz. Lo más importante es informar y sensibilizar a las víctimas
potenciales y ofrecerles alternativas. "Las víctimas no tienen
alternativas en su país de origen, pero son los países destino, en donde por lo
general hay poco interés en este tema, quienes dictan las reglas del
mercado", afirma Eva Blaudet, la representante especial de la OSCE para la
lucha contra el tráfico de personas.
- Posibles soluciones para evitar la trata de personas
·
Generar empleo en el país
afectado para que las personas no tengan que ir a buscarlo a otro lugar siendo
engañadas.
·
El estado debe ofrecer más
posibilidades de educación, pero mostrando concretamente en que consiste el
proyecto para que las personas que vayan a ser involucradas sepan en que se
están metiendo y no vayan a ser víctimas de un engaño.
·
Una ley y un programa de testigos
protegidos que garantice la seguridad de las víctimas y les dé garantías
suficientes como para colaborar en la detención de las mafias que les
extorsionan.
·
Centros de atención donde puedan
vivir y donde se procure su recuperación (física y psicológica). Instituciones
que les aseguren tranquilidad para que puedan decidir qué hacer con sus vidas.
·
Que se les garantice información
y orientación jurídica.
·
Atención socio-laboral y la
colaboración del INEM para facilitarles formación e información sobre ofertas
de empleo.
·
Que se facilite el retorno, lo
antes posible, de aquellas víctimas que deseen regresar a sus países de origen.
·
La prohibición de emitir las
imágenes grabadas por miembros de fuerzas de seguridad del Estado de
detenciones y redadas y su emisión por los medios de comunicación (sean de
titularidad pública o se trate de cadenas privadas).
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